Alberto Granados Favila negó haber sido detenido por autoridades de EE.UU.
MATAMOROS, TAMPS. En medio de una ola de especulaciones sobre su presunta detención en territorio estadounidense por vínculos con el crimen organizado, el presidente municipal de Matamoros, José Alberto Granados Favila, reapareció públicamente este viernes desde Playa Bagdad. Frente a los medios de comunicación que lo abordaron durante su participación en el Festival del Mar, el edil rechazó categóricamente las versiones difundidas en redes sociales y aseguró que su ingreso a Estados Unidos no ha sido restringido.
“Fue una revisión cotidiana como a cualquier persona le puede tocar. Pero aquí hay una pequeña diferencia: por ser el alcalde y subir la foto, pues se hace un poco más de ruido”, afirmó Granados. “Finalmente acepté una revisión cotidiana, como cualquier persona que cruzamos para Estados Unidos puede enfrentar. No me retiraron la visa, fue simplemente una revisión de rutina”, dijo.
El alcalde matamorense respondió así a una publicación emitida esta mañana del viernes por la página oficial de Facebook de Cameron County, Texas—seguida por más de 14 mil personas—, en la que se afirmaba que Granados Favila había sido detenido por agentes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) en el Puente Internacional de Brownsville. La publicación alegaba, sin pruebas oficiales, que el edil era investigado por supuestos vínculos con el Cártel del Golfo y que su visa estadounidense había sido revocada de forma inmediata, prohibiéndole la entrada a territorio norteamericano.
“El hecho marca un precedente histórico, ya que se convierte en el primer alcalde en funciones de Matamoros al que se le retira la visa estadounidense por presuntas conexiones criminales”, rezaba el mensaje difundido desde la cuenta oficial de Cameron County, que hasta el momento no ha sido retirado ni actualizado.
Sin embargo, ninguna autoridad mexicana o estadounidense ha confirmado la veracidad de dicha información. El Departamento de Seguridad Nacional, así como la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, han mantenido un silencio absoluto. Tampoco el Ayuntamiento de Matamoros ha emitido un comunicado oficial, dejando en el aire una serie de interrogantes sobre la autenticidad del reporte texano.
La narrativa tomó fuerza inicial luego de que el periodista Edy Pintor, conocido por su cobertura en política, publicara en sus redes sociales: “Corre la especie de que detuvieron en Estados Unidos a Beto Granados, alcalde de Matamoros. Confirmando información…”.
Horas más tarde, en un giro que tensó aún más el clima de incertidumbre, el propio alcalde publicó en su cuenta personal una imagen en la que se le ve sonriente junto a su esposa, Anita de Granados, presidenta del Sistema DIF Matamoros. En el mensaje, escribió: “Rumbo a la Playa Bagdad al Festival del Mar, junto con la presidenta del DIF, @anita_degranados. Allá nos vemos para disfrutar en familia.”
Las imágenes, que muestran una escena institucional aparentemente normal, contrastan con la gravedad de las acusaciones vertidas en la publicación estadounidense, alimentando un entorno de desinformación, suspicacia y especulación.
NARRATIVA DIVIDIDA Y SILENCIO INSTITUCIONAL
La situación ha puesto a prueba los límites de la comunicación política en tiempos digitales. Mientras desde territorio estadounidense se difunde un mensaje que tendría, de confirmarse, implicaciones jurídicas y diplomáticas mayúsculas, la postura del alcalde —respaldada únicamente por declaraciones informales y una imagen pública— busca enviar señales de normalidad.
El silencio de las autoridades tanto mexicanas como estadounidenses solo ha contribuido a incrementar la incertidumbre. En una región históricamente marcada por tensiones fronterizas, redes de tráfico ilícito y conflictos de poder, cualquier sospecha sobre la conducta de un funcionario público adquiere dimensiones explosivas.
Analistas locales señalan que, más allá de la veracidad de los hechos, el episodio revela una fragilidad institucional preocupante: la ausencia de canales claros de comunicación entre gobiernos y la facilidad con la que una narrativa sin respaldo oficial puede permear en la opinión pública.
¿CONTROL DE DAÑOS O MANIPULACIÓN POLÍTICA?
La dualidad entre la información difundida por Cameron County y la narrativa del propio alcalde deja abiertas múltiples interpretaciones. ¿Se trató de una filtración errónea? ¿Una acción política con fines desestabilizadores? ¿O un caso más de desinformación viral sin sustento?
Lo que sí es cierto es que, en el contexto actual de violencia e infiltración criminal en las estructuras del poder local, cualquier señal de connivencia o irregularidad, por más tenue que parezca, cobra una gravedad inusitada.
Por ahora, lo único confirmado es lo dicho por el propio Granados: se trató de una inspección rutinaria y no hay impedimento alguno para su entrada a Estados Unidos. Pero el caso está lejos de cerrarse.
Por ello, la sociedad civil y los medios de comunicación exigen claridad, y en un entorno tan volátil como el de la frontera tamaulipeca, la transparencia no es una opción: es una obligación.
